Abinader frena proyecto Romero en medio de dudas por capital dominicano no revelado

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Santo Domingo, RD. El presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que se produce en medio de creciente presión social y cuestionamientos sobre la estructura de capital vinculada a GoldQuest Mining Corp., responsable de la iniciativa.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario indicó que la medida responde al rechazo expresado por sectores de la población y al marco establecido por la Ley 64-00 de Medioambiente. Señaló que, cuando existe oposición masiva a un proyecto de esa naturaleza, no resulta viable su continuidad.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, afirmó.

El presidente explicó que el proyecto Romero no es reciente y que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005, reiteradas en 2010 y renovadas posteriormente en 2015 y 2018, cuando se autorizaron estudios técnicos para definir su alcance. Indicó que, durante su administración, la iniciativa se ha mantenido únicamente en fase de evaluación ambiental, sin autorización para su explotación.

La decisión presidencial ocurre en un contexto de creciente debate público sobre el proyecto, tanto por su posible impacto ambiental en la región de San Juan como por interrogantes en torno a la composición del capital que respalda a la empresa. La propia GoldQuest ha reconocido que inversionistas dominicanos controlan una participación relevante dentro de su estructura accionaria, parte de la cual está vinculada a Guess Investments Ltd., una sociedad registrada en Saint Kitts and Nevis cuyos beneficiarios finales no han sido identificados públicamente.

Ese elemento ha alimentado cuestionamientos sobre la trazabilidad del capital y su posible incidencia en el avance del proyecto, especialmente en un escenario donde la empresa no registra producción minera activa y su valorización en el mercado ha estado asociada a expectativas sobre la viabilidad y aprobación del proyecto Romero.

En paralelo, en la provincia San Juan se han desarrollado protestas, paralizaciones y una jornada de huelga general en rechazo a la iniciativa, con sectores comunitarios, agrícolas y sociales advirtiendo sobre riesgos para el sistema hídrico, incluyendo el río San Juan y la presa de Sabaneta.

La disposición del Poder Ejecutivo introduce un punto de inflexión en el desarrollo del proyecto, que hasta ahora se encontraba en fase de evaluación ambiental. También reconfigura el escenario para la empresa, cuya proyección futura depende de decisiones regulatorias y del nivel de aceptación social en la zona.

El Gobierno no detalló el alcance temporal de la medida ni los próximos pasos en relación con el proceso de evaluación ambiental, mientras el debate sobre el proyecto Romero continúa abierto en el plano institucional, social y económico.

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