Paliza entrega al Senado proyecto que busca reformar la Ley de Partidos

Santo Domingo. – El Bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República recibió del presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, un proyecto de ley que propone modificar varios artículos de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar el control del financiamiento político y prevenir la infiltración de recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.

La iniciativa fue recibida por una comisión de la bancada perremeísta, encabezada por los senadores Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Moisés Ayala Pérez, vocero del PRM en la Cámara Alta, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
En la reunión, el presidente del Senado explicó que la propuesta legislativa será enviada a la comisión correspondiente, donde será analizada y consensuada con entidades y personalidades interesadas en presentar aportes y sugerencias.
“En esa comisión todos los aportes serán tomados en cuenta, porque es un espacio democrático y abierto a la ciudadanía”, expresó el presidente del Senado.
De su lado, José Ignacio Paliza sostuvo que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de los partidos políticos, al considerar que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.
“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda, pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Moderno.
El proyecto de ley introduce mecanismos para fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo programas de cumplimiento normativo para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras partidarias y en los procesos de selección de candidaturas.
Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y evitar el uso de recursos ilícitos.
Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para aspirantes a candidaturas, como certificación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para verificar la información presentada ante las autoridades partidarias.
La iniciativa también fortalece las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos y establece un régimen de consecuencias para quienes incumplan las normas de transparencia y control de recursos en la actividad política.













